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miércoles, 16 de mayo de 2018

DERECHO HUMANO A LA OBJECION DE CONCIENCIA.. Se pretendería desconocer en Uruguay en proyecto de ley integral para personas trans


DERECHO HUMANO A LA OBJECION DE CONCIENCIA.
Se pretendería desconocer en Uruguay en proyecto de ley integral para personas trans

Por Carlos Alvarez Cozzi


En el Poder Legislativo uruguayo tiene actualmente a estudio un proyecto de ley integral para personas trans. (http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/77769/1/proyecto-de-ley-integral-para-personas-trans.pdf).
Si se aprobara, entre las consecuencias graves que el mismo tendría estarían éstas:
1)      Que menores de edad puedan acceder al cambio de sexo sin necesitar o aun en contra de la autorización de sus padres.
Adviértase que se trata de un hecho grave en la persona y la salud del menor de edad y que justamente el Código Civil prevé los institutos de protección de menores, patria potestad y tutela, en defensa de quienes,  por no tener la madurez suficiente, corporal y mental, no están en condiciones de resolver por sí, con equilibrio, ese tipo de cuestiones.
Dicho de otra forma: si se aprobata  esta norma se derogaría prácticamente tanto el instituto de la patria potestad como el de la tutela porque quedarían seriamente afectados, vaciados en gran parte de su contenido.

2)      Que menores de edad puedan acceder a intervenciones quirúrjicas totales y parciales para adecuar su persona al cambio de sexo, sin autorización de sus padres. Porque ello viola la patria potestad o la tutela. Vale lo dicho para el numeral anterior. Supone derogar los institutos de protección de los menores, creados en beneficio e interés de los propios menores.

3)      Que menores de edad puedan darse hormonas contrarias a las propias de su sexo, es decir los varones, estrógenos y las niñas, testosterona, con vistas al cambio de sexo, sin el consentimiento de sus padres, Porque ello también viola los institutos de protección de menores, con el agravante de que tales prácticas, está demostrado científicamente, pueden producir la muerte del niño o adolescente, por infarto, entre otras causas.




4)      Asimismo, si el proyecto se convirtiera en ley, los transexuales, por el mero hecho de serlo, y con independencia de su situación económica, tendrián derecho a recibir del Estado una pensión mensual que pagará el Erario Público, sin siquiera tengan que demostrar  que fueron perseguidos o maltratados,  que fueron  discriminados  por el mero hecho de ser transexuales y que por ello no pudieron estudiar o conseguir trabajo; es decir, desarrolar una vida normal. Con lo cual se consagra una responsabilidad objetiva totalmente inadmisible, de la que debe hacerse cargo el Estado.

Pero además, cabe agregar otro, la no previsión en el proyecto de ley del derecho de objeción de conciencia,  como ha advertido con razón la organización ACUPS (https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/5/medicos-cristianos-piden-objecion-de-conciencia-en-ley-trans/?display=amp).
Porque en definitiva el cambio de sexo es biológicamente imposible, como muy bien han afirmado prestigiosos científicos.  Porque los seres humanos somos concebidos cromosómicamente como hombres o mujeres, y esa realidad objetiva es inmodificable por más que se intente modificar el exterior de la persona.

La objeción de conciencia es un derecho humano reconocido universalmente y la propia ley uruguaya lo hace por ejemplo en materia de aborto. (https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6649094.htm)
En efecto, el art. 11 de la Ley 18. 987 de 2012, preceptúa: “(Objeción de conciencia).- Los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir en los procedimientos a que hacen referencia el inciso quinto del artículo 3º y el artículo 6º de la presente ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen.
La objeción de conciencia podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña. Se entenderá que la misma ha sido tácitamente revocada si el profesional participa en los procedimientos referidos en el inciso anterior, con excepción de la situación prevista en el último inciso del presente artículo.
La objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios.
Quienes no hayan expresado objeción de conciencia no podrán negarse a realizar los procedimientos referidos en el primer inciso del presente artículo.
Lo dispuesto en el presente artículo, no es aplicable al caso previsto en el literal A) del artículo 6º de esta ley.”
Y cuando se dictó el Decreto Reglamentario de la ley por parte del Poder Ejecutivo y se pretendió limitar este derecho, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a instancia de un grupo de médicos, amparó el ejercicio del mismo y anuló los artículos de dicho decreto que atentaban contra él, consagrado legalmente en el art. 11 de la norma citada, sin las limitaciones que el Decreto le imponía y que notoriamente buscaban dificultar su invocación.
Por lo que es evidente, que si finalmente se aprobara la Ley Integral para Personas Trans, que aguardamos que no, por los claros fundamentos que dio ACUPS y otros que podrían agregarse, esperamos que el Poder Legislativo incluya un artículo que ampare el derecho humano del personal de la salud a la objeción de conciencia. De no hacerlo, se estarían violando los derechos humanos de los médicos y otro personal de la salud. Paradójicamente, para proteger los derechos de las personas trans, se violarían los derechos humanos de los médicos y personal de la salud que fueran objetores de conciencia.









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